Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una estructura societaria destinada a adquirir el control en en torno a veinte compañías usando indebidamente los recursos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo principal creador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el conflicto comienza a gestarse en 2016, momento en el que los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se ha hecho un empleo indebido de los elementos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión a través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de Fuente del artículo doce filiales.
Esta composición pretendía esconder la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de demandas judiciales en 2022, introduciendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un lapso de menos de dos meses.
Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras que se desvelan más capas de un conflicto que resalta la dificultad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..